Orizaba, Ver.- En medio de cuestionamientos por su historial judicial, el gobierno municipal de Orizaba designó como titular de la Policía Local a Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, quien enfrenta acusaciones por desaparición forzada y denuncias de acoso sexual, además de contar con una orden federal de aprehensión vigente desde 2014.
El nombramiento se realizó durante el primer cabildo encabezado por el alcalde Hugo Chahín Kuri, en el que se formalizó la designación y toma de protesta del responsable de la seguridad pública municipal, sin que hasta el momento se haya informado si el Ayuntamiento evaluó su situación legal antes de otorgarle el cargo.
Cabe recordar que Álvarez Valenzuela fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala al inicio del gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, en septiembre de 2021.
Su llegada al cargo se sustentó, según versiones oficiales de aquella entidad, en su experiencia previa en la Policía Federal y en áreas de seguridad del gobierno federal.
No obstante, su trayectoria arrastra señalamientos de alto impacto. Desde 2014, un juez federal en Chihuahua libró una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de desaparición forzada, derivada de un operativo realizado en 2008 en esa entidad.
A ello se suman denuncias periodísticas por presunto acoso sexual, relacionadas con su desempeño en corporaciones federales de seguridad.
En noviembre de 2021, cuando personal de la entonces SEIDO acudió a detenerlo en Tlaxcala, Álvarez Valenzuela se dio a la fuga desde las instalaciones oficiales de la Secretaría de Seguridad, lo que derivó en su destitución y dejó acéfala la dependencia estatal.
Tras permanecer prófugo durante años, en diciembre de 2024 fue localizado nuevamente en Tlaxcala por autoridades estatales y federales; sin embargo, volvió a eludir la detención al promover un amparo federal, para el cual depositó una garantía aproximada de 2 mil 500 pesos.
Dicho recurso le otorgó protección provisional, impidiendo su captura o encarcelamiento mientras se resuelve el fondo del proceso.
De acuerdo con reportes periodísticos, el amparo fue promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito y pretende surtir efectos frente a múltiples autoridades y juzgados del país, lo que ha frenado la ejecución de la orden de aprehensión.
Especialistas en derecho constitucional y seguridad pública coincidieron en que, aunque la presunción de inocencia sigue vigente, un proceso penal por desaparición forzada sí impide ocupar o permanecer en un cargo de seguridad pública, aun sin sentencia condenatoria.
La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que quienes encabezan o integran corporaciones de seguridad deben ser personas confiables, honorables y sin vínculos con violaciones graves a derechos humanos.
La desaparición forzada, además de ser un delito grave, conlleva prisión preventiva oficiosa y afecta directamente los controles de confianza.
La Suprema Corte ha determinado que la separación o negativa de nombramiento en estos casos es una medida administrativa preventiva, no una sanción penal, y no viola la presunción de inocencia.
Hasta ahora, no existen comunicados públicos de la FGR sobre el estado actual del caso, lo que es común en investigaciones bajo sigilo judicial.
Sin embargo, la designación de Álvarez Valenzuela en Orizaba ha generado preocupación y críticas, al tratarse de un puesto clave para la seguridad ciudadana.
El gobierno municipal no ha informado si conocía la existencia de la orden de aprehensión ni si el ahora jefe policiaco aprobó controles de confianza, requisitos indispensables para ejercer funciones de seguridad.
Fuente: La Jornada Veracruz
